En un hecho sin precedentes en Chile, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía ha formalizado a siete empresas del rubro maderero por el delito de receptación, en el marco de una exhaustiva investigación por robo de madera. Esta es la primera vez en el país que se imputa a personas jurídicas por este tipo de ilícito, marcando un antes y un después en la persecución de la cadena delictual.
La indagatoria, liderada por el fiscal Enrique Vásquez y desarrollada en conjunto con el OS-9 de Carabineros, permitió establecer que durante el año 2022, las empresas Laminadora Los Ángeles S.A., Forestal Javier Pezoa EIRL, Inversiones Rayenco Ltda., Maderas Río Blanco SpA, Aserraderos Los Castaños Ltda., Servicios Forestales Rosario Ltda. y Procesadora de Madera Los Ángeles S.A. (PROMASA), adquirieron madera sustraída ilegalmente desde fundos de Forestal Mininco en Galvarino y Collipulli.
«El objetivo fue romper la cadena de producción del delito y no solo perseguir a quienes sustraen la madera, sino también a quienes la compran sabiendo —o no pudiendo menos que saber— su origen ilícito», explicó el fiscal Vásquez. Añadió que la investigación identificó a 10 empresas implicadas, de las cuales estas siete ya fueron formalizadas y tres lo serán próximamente.
La madera en cuestión había sido robada por una organización criminal encabezada por Miguel Terán Carrasco y Emanuel Espinoza Contreras, ambos ya condenados a cinco años de presidio por hurto y asociación ilícita para la sustracción de madera.
Cada empresa fue imputada junto a la persona natural que, en su representación, gestionó la compra del material. «Estamos ante un hito relevante: se trata de la primera formalización contra personas jurídicas por un delito determinado. En este caso, por receptación», subrayó el fiscal.
Tras la formalización, seis de las siete empresas accedieron a una suspensión condicional del procedimiento. Como parte de este acuerdo, se comprometieron a aportar, entre todas, más de 80 millones de pesos a escuelas rurales de la comuna de Galvarino, en beneficio directo de niños, niñas y adolescentes del sector.
La única empresa que rechazó esta salida alternativa fue PROMASA. Según la investigación, esta compañía adquirió más de 2.300 metros cúbicos de madera robada, por un monto superior a los 144 millones de pesos. Para PROMASA, el proceso judicial sigue en curso. «Esperamos presentar acusación en su contra. En concreto, la investigación continúa respecto de la persona natural que adquirió de manera directa la madera sustraída, y también respecto de la empresa que no tomó las precauciones a efectos de no cometer delito», finalizó el fiscal Vásquez.