La votación crucial sobre el proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en la Cámara de Diputados se anticipa compleja, marcada por una inusual convergencia de críticas desde todos los sectores Políticos. Hasta la mañana de hoy, se habían solicitado cuarenta y tres votaciones separadas con el objetivo de rechazar y modificar diversos artículos de esta normativa que busca establecer un protocolo claro para la actuación de policías y Fuerzas Armadas en tareas de orden público y seguridad ciudadana dentro del territorio nacional.
A pesar del elevado número inicial de peticiones, se espera que la sesión de esta tarde se condense en alrededor de 25 votaciones distintas, ya que varias de las solicitudes presentadas por diputados de diversas bancadas – incluyendo libertarios, republicanos, comunistas, RN, Acción Humanista, Frente Amplio y Amarillos – presentaban puntos en común.
Lo llamativo de este escenario es la coincidencia de reparos en torno a un artículo específico: el número 19, que versa sobre las eximentes de responsabilidad penal aplicables a los efectivos que actúen en cumplimiento de las RUF. Este punto, que establece que el personal que cumpla con las reglas de la ley estará amparado por la eximente de cumplimiento del deber del Código Penal, ha generado el rechazo tanto del diputado libertario Johannes Kaiser como del comité del Partido Comunista. Si bien sus motivaciones difieren, ambos sectores comparten la inquietud sobre la redacción actual aprobada previamente por el Senado.
Otro punto de fricción transversal es el «Principio de responsabilidad», cuya redacción actual tampoco satisface ni al Partido Comunista ni al diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper. La norma establece que el uso de la fuerza fuera de los parámetros legales conlleva responsabilidades para quienes la ejercen y, según la ley, para los mandos y la autoridad civil.
Adicionalmente, el Partido Comunista insiste en reponer la redacción original de la Cámara sobre el «objetivo legítimo» de las misiones policiales y militares, término que el Senado reemplazó por «objetivo encomendado». Aunque Diego Schalper inicialmente también había manifestado su desacuerdo con este cambio, finalmente desistió de presentar una solicitud de votación separada sobre este punto.
El panorama de las solicitudes de votación separada revela la magnitud del desacuerdo: la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, presentó 9; el comité PC-AH, liderado por Lorena Pizarro, otras 6; Johannes Kaiser solicitó separar 3 temas; el jefe de bancada republicana, Cristián Araya, también 3; Andrés Longton (RN) pidió 7; Andrés Jouannet (Amarillos) coincidió en solicitar la votación separada de esos mismos 7 puntos; y Diego Schalper (RN) ingresó 8 votaciones separadas.
Ante esta resistencia transversal, se da por hecho que el proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza será remitido a una comisión mixta integrada por diputados y senadores. Esta instancia tendrá la tarea de intentar resolver los nudos críticos de la iniciativa.
Este escenario se complica aún más por la postura del Gobierno, que tampoco quedó conforme con la redacción emanada del Senado. En un intento por evitar una mayor tensión dentro de su propia coalición, La Moneda decidió retirar la urgencia al proyecto.
La semana pasada, diputados oficialistas de la Comisión de Seguridad protagonizaron un reproche colectivo al ministro del Interior, Luis Cordero, criticando la falta de diálogo en la definición de una estrategia para abordar la reforma. Este hecho derivó en un altercado público entre el ministro y el diputado independiente Jaime Araya, quien participó en el reproche. Si bien Cordero se disculpó posteriormente y Araya dio por superado el incidente, el episodio evidenció las divisiones que genera esta ley al interior de la alianza gobernante, donde no existe consenso sobre el futuro de la iniciativa. Mientras algunos abogan por desechar la tramitación completa, otros aún ven margen para perfeccionar el texto.
En este contexto de incertidumbre, se espera que el Gobierno aclare durante la tarde de hoy qué aspectos del proyecto aprobado por el Senado busca preservar o rechazar. Sin embargo, la gran cantidad de solicitudes de votaciones separadas ya anticipa el destino del proyecto a una comisión mixta, abriendo un nuevo capítulo en su compleja tramitación legislativa.