La reiteración de casos de violencia femicida en la región de Atacama ha generado una profunda preocupación a nivel internacional. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una alerta, criticando la gestión del Ministerio Público local ante la persistencia de estos crímenes.
La alarma se produce tras una serie de casos impactantes, incluyendo el femicidio de Marina Cabrera Almendras, joven boliviana de 23 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en 2019 en un pique minero tras cuatro meses de desaparición. La investigación determinó que Cabrera fue asesinada por Hugo Pastén Espinoza, chofer de colectivo apodado por la prensa como “el psicópata de Copiapó”, quien la interceptó, la subió a su vehículo y trasladó su cuerpo al lugar del hallazgo. La autopsia reveló traumatismos craneales como causa de muerte.
Pastén fue finalmente condenado en 2022 a dos cadenas perpetuas más 20 años de cárcel por el crimen de Cabrera, el de la mujer trans Sussy Montalván y el de una menor de edad, todos ocurridos en el primer semestre de 2019. La Corte Suprema ratificó esta histórica sentencia, calificada como tal por la fiscalía.
Sin embargo, este fallo no ha mitigado la inquietud del comité de expertas de la OEA, quienes en un comunicado del 2 de mayo expresaron su «profunda preocupación ante la situación que enfrentan las mujeres en la región de Atacama». Su análisis se basa en los casos de Tanya Aciares, Sussy Montalván, Marina Cabrera, Catalina Álvarez y Thiare Elguera, ocurridos desde 2018.
Las expertas internacionales advierten sobre un «preocupante patrón de desaparición seguido de violencia femicida de mujeres y niñas en situaciones de profunda desventaja social», agravado por «dilaciones y lagunas en los procesos judiciales, la utilización de estereotipos de género por parte de operadores/as de justicia, obstáculos para acceder a la justicia y el silencio del Estado ante estos hechos».
El comité reveló haber estado en comunicación con el Ministerio de la Mujer, instancia que ha proporcionado información sobre las medidas implementadas en la región. No obstante, ante la «falta de avances sustantivos en las investigaciones, la persistencia de barreras y el clima de inseguridad», elevaron su preocupación.
Además, las expertas criticaron la «vulneración de su legítimo derecho a la protesta» de manifestantes en honor a Tanya Aciares, joven desaparecida en 2018 y cuyos restos fueron encontrados en 2024, quienes habrían sufrido «amenazas y represalias» por parte de agentes públicos.
El comité hizo un llamado urgente a las autoridades a actuar con «debida diligencia reforzada, acelerando las investigaciones y los procesos judiciales» y a adoptar medidas prioritarias para proteger los derechos de las mujeres en la región.
Desde el Ministerio de la Mujer aseguraron compartir la preocupación de las expertas y detallaron diversas acciones emprendidas, como la búsqueda de Catalina Álvarez con tecnología georradar y la representación legal a familias de víctimas por parte del SernamEG. También destacaron la instalación en Copiapó del primer Centro de Atención Especializada en Violencias de Género del país en 2024.
En respuesta a la alerta, la Fiscalía de Atacama, a través del fiscal regional Juan Andrés Shertzer, valoró la atención de organismos internacionales, aunque descartó un alza en las cifras de femicidios en la región en los últimos cinco años. Shertzer detalló las estadísticas y resaltó la condena obtenida contra Hugo Pastén como la pena más alta a nivel nacional desde la reforma procesal penal.
El fiscal regional aseguró que las investigaciones de los casos mencionados por el comité «nunca se han detenido y esas investigaciones se encuentran vigentes y así se mantendrán hasta que se agoten todos los antecedentes». Actualmente, la fiscalía mantiene abierta la causa por la desaparición de Thiare Elguera.