Este martes 15 de julio marcó el inicio del juicio oral contra 18 individuos acusados de integrar una elaborada red criminal. Esta organización es señalada como responsable de emitir más de 80 mil licencias médicas fraudulentas, causando un perjuicio al Estado que supera los $30 mil millones. El Ministerio Público ha calificado este caso como el segundo fraude más grande desde la implementación de la reforma procesal penal en Chile.
La Sofisticada Operación de la Red
Según la Fiscalía, la estructura delictiva fue meticulosamente diseñada, llegando incluso a traer profesionales de la salud desde Colombia con el único propósito de generar licencias falsas. El dinero obtenido a través de estas ventas ilegales era, presuntamente, lavado o enviado al extranjero.
Los delitos imputados a los involucrados incluyen emisión fraudulenta de licencias médicas, fraude de subvenciones, asociación ilícita y lavado de activos. La mayoría de los acusados son de nacionalidad colombiana, incluyendo 10 médicos que, según la investigación, crearon sociedades y cerca de 50 centros médicos ficticios, utilizando domicilios particulares como supuestas consultas.
La red operaba con «captadores» que ofrecían las licencias a través de redes sociales, derivando a los interesados a los médicos de la organización.
Los Cabecillas y sus Lujos
La Fiscalía ha identificado a Samir Rivaldo Hernández y Yesica Donado Alvis, ambos colombianos, como los líderes de esta red. Se presume que llegaron a Chile desde Barranquilla exclusivamente para delinquir, invirtiendo las ganancias en propiedades, vehículos y artículos de lujo, como zapatillas Dolce & Gabbana personalizadas con sus nombres.
Un caso particularmente notorio es el de Jeffry Donado Alvis, hermano de Yesica, quien habría emitido más de 4 mil licencias médicas en solo cinco días durante su estadía en Chile. Sorprendentemente, continuó emitiéndolas desde el extranjero por seis meses adicionales.
Mecanismos del Fraude y Costos de las Licencias
La red también utilizaba testaferros para adquirir bienes con el dinero proveniente de las licencias, las cuales fueron emitidas entre 2020 y 2022. Estas se comercializaban con precios que oscilaban entre los $35 mil (para licencias de 1 a 11 días) y $75 mil (para licencias de 22 a 30 días) en el caso de usuarios de FONASA. Para los afiliados a ISAPRES, los montos eran aún mayores, llegando incluso a los $95 mil.
Estrategias de la Defensa y la Acusación
La abogada Doris Espinoza Torres, defensora de Samir Enrique Rivaldo Hernández —quien se encuentra en prisión preventiva—, ha manifestado que buscará demostrar que su representado no participó en todos los delitos que se le imputan, específicamente en los de asociación ilícita y lavado de activos. «El señor Samir Rivaldo en Chile no tiene bienes, él no tiene sociedades en donde haya reinvertido algún tipo de dinero. Lo que sí se va a poder acreditar es que el señor Samir Rivaldo remitía fondos desde Chile hacia Colombia, dirigidos principalmente a sus familiares, y, por lo tanto, consideramos que más bien es un consumo y no un lavado activo», afirmó Espinoza Torres.
Por su parte, el abogado querellante Rodrigo Varela, representante de ALTO Inmunne, destacó el inicio del juicio como un «hito» y expresó su esperanza de que se impongan penas elevadas que sirvan como precedente. «El ideal en esto es que sean penas ejemplificadoras y disuasivas respecto a demás personas, tanto médicos, captadores, administrativos como los propios afiliados, para que no cometan este tipo de fraude», señaló Varela.
Desarrollo del Juicio y Prófugos
El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, valoró el inicio del juicio oral, el cual se espera que se extienda por varios meses. Además, informó que continúan buscando, con notificación a Interpol, a aquellos individuos que se fugaron después de ser formalizados al inicio de la causa. «Formalizaciones en ausencia no existen, sobre la base de que hay personas que ya fueron formalizadas y que, estando con medidas cautelares que no eran la prisión preventiva, se dieron a la fuga. Por lo tanto, la formalización ya existe respecto de ellos. Lo que está pendiente son las órdenes de detención», explicó el fiscal Pérez, manteniendo en reserva la estrategia del Ministerio Público.
De los 18 acusados, 11 son colombianos y 7 chilenos. Tres de los imputados colombianos fueron extraditados desde su país en 2023. Los implicados enfrentan penas que van desde los 5 hasta los 27 años de cárcel por la acumulación de delitos.