El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, ha presentado una demanda contra la administración del presidente Donald Trump. La razón: lo que Schwalb califica como una «toma hostil» del control de la Policía de Washington D.C. por parte del Gobierno federal, en el marco de la campaña de Trump contra el crimen callejero.
Schwalb afirmó que «al declarar una toma hostil del Departamento de Policía de Washington D.C., la Administración está abusando de su autoridad limitada y temporal bajo la Ley de Autonomía». Según él, esta acción infringe el derecho del Distrito a la autogestión y pone en riesgo la seguridad de los residentes y visitantes.
El fiscal general advirtió que esta es «la amenaza más grave a la autonomía que el Distrito ha enfrentado jamás» y está decidido a luchar para detenerla. En su demanda, solicita a un juez federal que declare inconstitucionales y bloquee las acciones de Trump y de la funcionaria Bondi, las cuales, según él, sobrepasan los límites establecidos por la Home Rule Act, que regula la autonomía de Washington desde 1973.
Con esta medida, Schwalb busca que la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, y la jefa de la Policía, Pamela Smith, mantengan el control sobre las fuerzas del orden. Bowser se ha unido a Schwalb para calificar de «ilegal» el nombramiento de Cole, quien fue designado por Trump para liderar el Departamento de Policía Metropolitana. Ambos han sugerido que no cumplirán con la orden de Bondi.
El pasado lunes, Trump declaró una «Emergencia de Seguridad Pública» y tomó el control de la Policía de Washington D.C., además de activar a unas 800 tropas de la Guardia Nacional para «restablecer el orden público». Estas acciones, según el presidente, son necesarias debido a una supuesta «ola de delitos» en la ciudad. Sin embargo, las autoridades locales han rechazado estas afirmaciones, insistiendo en que las cifras indican una disminución de los crímenes desde el repunte de 2023.
El miércoles, Trump expresó su intención de extender el control federal sobre las fuerzas del orden en la capital, argumentando que los 30 días estipulados en la ley «no son suficientes» para «combatir el crimen».