El Gobierno de India retrocede en su intento de imponer una app de seguridad en todos los móviles
El ambicioso plan del Gobierno de India para hacer obligatoria la instalación de una aplicación de seguridad en todos los teléfonos vendidos en el país ha fracasado en menos de una semana tras el descontento generalizado de la población y la oposición de importantes fabricantes. El 28 de noviembre, el Ministerio de Telecomunicaciones había dado un plazo de 90 días a los fabricantes para cumplir con esta medida, pero la presión social y las críticas sobre sus implicaciones para la privacidad han forzado un inesperado cambio de rumbo.
La polémica surgió cuando se revelaron los detalles internos de la orden, que no solo requería la inclusión de la app Sanchar Saathi en nuevos dispositivos, sino también su instalación en aquellos ya en circulación sin posibilidad de desactivarla. Aunque el Gobierno la presenta como una herramienta para empoderar a los usuarios frente a fraudes y robos, expertos en privacidad han denunciado la falta de garantías contra un uso intrusivo por parte del Estado. Tras la creciente resistencia, el 3 de diciembre, el Ministerio de Comunicaciones anunció que la preinstalación obligatoria ya no sería necesaria, justificando la decisión en la rápida adopción de la app, que según el Gobierno cuenta con 14 millones de usuarios. Sin embargo, la controversia sobre la vigilancia digital y la privacidad de los ciudadanos persiste en un contexto donde la tecnología y los derechos humanos deben ser cuidadosamente equilibrados.