Castilla y León enfrentará una reducción de 160 millones de euros mensuales tras la caída del decreto ‘ómnibus’
La comunidad autónoma de Castilla y León sufrirá una drástica disminución de 160 millones de euros al mes tras la no convalidación del decreto ‘ómnibus’ en el Congreso, donde la coalición de PP, Vox y Junts rechazó esta norma impulsada por el Gobierno de España. Este decreto incluía medidas esenciales, desde la revalorización de pensiones hasta la suspensión de desahucios, que ahora quedan sin efecto, poniendo en riesgo la financiación de servicios públicos básicos.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, advirtió que la falta de actualización de las entregas a cuenta, que deberían corresponder a los años 2025 y 2026, obligará a la comunidad a gestionar sanidad, educación y servicios sociales con los recursos del año 2023. Esto representa un retroceso significativo, ya que la comunidad vuelve a cifras de hace dos décadas. A pesar de estas dificultades, Carriedo aseguró que se garantizará la prestación de servicios públicos, aunque la situación de financiación plantea un desafío inmenso para el gobierno regional.